Reinhard Marx puntualizó que "en la era de las redes sociales es necesario redefinir la confidencialidad y el secreto, y hacer una distinción con respecto a la protección de los datos".
CIUDAD DEL VATICANO.- El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el cardenal Reinhard Marx, abogó este sábado por reconsiderar la norma del secreto pontificio en los casos de abusos a menores, durante la reuniónen la que los líderes de la Iglesia católica están afrontando el tema.
El arzobispo de Múnich, que fue uno de los tres relatores de la sesión, puntualizó que “en la era de las redes sociales, donde es posible que todos y cada uno establezcan contacto casi inmediatamente e intercambien información a través de Facebook, Twitter… es necesario redefinir la confidencialidad y el secreto, y hacer una distinción con respecto a la protección de los datos”.
A los 190 líderes de la Iglesia, entre ellos 114 representantes de las Conferencias Episcopales, Marx les dijo que “cualquier objeción basada en el secreto pontificio sería relevante solo si es posible indicar razones convincentes” pero que “tal y como están las cosas, no conozco estas razones”.
La eliminación del secreto pontifico, que las víctimas de abusos por parte del clero han pedido en numerosas ocasiones al considerar que protege a los agresores, es una de las propuestas que más se ha oído desde que comenzó la reunión.
También el presidente de la Comisión para la protección de menores, el cardenal estadounidense Sean Patrick O’Malley, afirmó que “es importante revisar todo el concepto de secreto pontificio” para estos casos.
En su intervención, Marx también insistió en la necesidad de “la comunicación al público del número de los casos y de los detalles relativos en la medida de los posible”.
“Si fracasamos, perderemos la oportunidad de mantener un nivel de autodeterminación sobre la información o nos expondremos a la sospecha del encubrimiento”, aseveró.
Marx también exhortó a “establecer normas procesales o transparentes y reglas para los procesos eclesiásticos”
“Los procesos y procedimientos establecidos para procesar los delitos fueron deliberadamente ignorados, e incluso cancelados o anulados. Los derechos de las víctimas han sido pisoteados y dejados a merced de cada individuo”, lamentó.